^¡Subir!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5



El legado de Allende
La “Chilenización: Un tímido paso

 

 

 

La explotación imperialista ha tenido raíces profundas en la historia de Chile, especialmente en el siglo XX. Eduardo Novoa sostiene que alcanza niveles increíbles la carencia de información pública respecto del verdadero significado económico-social de la explotación de nuestras riquezas básicas por las empresas extranjeras. En el mensaje del presidente Salvador Allende sobre el proyecto de reforma constitucional que modificó el artículo 10 Nº 10 de la Constitución, se indica:
 
 
“La inversión norteamericana en el cobre significó en su origen un aporte de capital foráneo de sólo 3,5 millones de dólares. Todo el resto ha salido de la misma operación. Idéntica situación se produjo en el hierro y en el salitre. Las cuatro grandes empresas que han explotado en Chile esas riquezas han obtenido de ellas, en los últimos sesenta años, ingresos por la suma de 10.800 millones de dólares. Si consideramos que el patrimonio nacional logrado durante 400 años de esfuerzos asciende a 10.500 millones de dólares, podemos concluir que en poco más de medio siglo, estos monopolios norteamericanos sacaron de Chile el valor equivalente a todo lo creado por sus ciudadanos en industrias, caminos, puertos, viviendas, escuelas, hospitales, comercios, etc., a lo largo de toda su historia. Aquí está la raíz de nuestro subdesarrollo”.(1)
 
 
El gobierno de Eduardo Frei Montalva dio un tímido paso en la recuperación de las riquezas básicas de Chile. En efecto, de acuerdo a una delegación de facultades del Congreso Nacional, puso en marcha su política de “chilenización del cobre”, que denominó la “viga maestra” de su programa. Consistió en la creación de sociedades mixtas entre el Estado chileno y las compañías norteamericanas. Para eso, compró el 51% de las acciones de las empresas subsidiarias existentes en el país, pagándoles precios cuantiosos. Las cifras fueron concluyentes en esta materia. Por el 51% de las acciones de las sociedades mixtas formadas con sus subsidiarias Chile Exploration Co. y Andes Mining Copper Co., la transnacional Anaconda recibió pagarés del gobierno chileno por 197 millones de dólares, en circunstancias que el valor libro de esas empresas era sólo de 181 millones de dólares, es decir, por el 51% de las acciones se les pagó más que el valor total de las inversiones. A la Kennecott Copper Co. se le pagó por el 51% de las acciones de su subsidiaria Braden Copper Co. un total de 180 millones de dólares, aunque el valor libro de toda la empresa era inferior a esa cifra. En este caso, el gobierno avaló, además, un crédito de 125 millones de dólares y le entregó a la subsidiaria la administración de la nueva empresa mixta, a pesar de ser la socia minoritaria.
 
 
El gobierno de Frei Montalva convino asimismo con la Anaconda una opción para adquirir el otro 49% de las acciones, cuyo precio se determinaría en relación a las utilidades que obtuviera la compañía en los dos años anteriores a la compra, lo que significaría el pago de una suma muy elevada por ese saldo. En cuanto a la Braden no se celebró convenio de opción, que le habría permitido después de los planes de expansión exigir por el 49% de las acciones un valor considerable, en caso de compra por el gobierno chileno. Los convenios comprendían, además, los denominados “planes de inversión”, dirigidos a incrementar la producción, cuyo financiamiento significó compromisos de deuda para las empresas mixtas con instituciones internacionales por 704 millones de dólares, garantizados con aval del Estado.
 
 
La política del gobierno de Frei para la gran minería del cobre consistió, en suma, en la compra de una parte del “negocio” a las compañías norteamericanas mediante un precio excesivo, ya que el lapso de recuperación de las inversiones era, según estudios efectuados por la Universidad de Chile, de ocho años. Ello significa que el capital de la Braden Copper Co., cuya mina El Teniente empezó a operar en 1902, se había recuperado ocho veces al momento de la “chilenización”. Por otra parte, el Estado se obligó, a través de los convenios de expansión de la producción, a financiar mediante crédito externo y con su aval las nuevas inversiones de las empresas mixtas.
 
 
Estas empresas imperialistas, que ya habían expropiado a Chile esas inmensas riquezas, recibieron jugosas indemnizaciones en el gobierno de Frei Montalva. Fueron tan desmedidas las utilidades que percibieron las compañías extranjeras en los años siguientes a esta llamada “chilenización”, que el profesor de la Universidad de Harvard, T.H. Moral, aludió a ellas diciendo que habían sido “tan estupendas que eran prácticamente una vergüenza”. Las cifras oficiales indican que entre 1965 y 1970 las compañías norteamericanas obtuvieron utilidades líquidas por 605 millones de dólares, esto es, por más del valor total de sus capitales en Chile. Pero eso no es todo lo que puede decirse de la chilenización. Según el Hanson’s American Letter, “ningún gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo el señor Frei… Su tratamiento excesivamente favorable fue tan falto de equilibro y de juicio, y tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó hilaridad en Washington”.(2) Esto explica también la “ayuda” norteamericana a la campaña presidencial de Frei Montalva.
 
 

LA LUCHA POR LA NACIONALIZACION

 

La nacionalización del cobre y demás riquezas básicas -hierro y salitre- constituyó la principal bandera de la Unidad Popular, porque hería profundamente al imperialismo y a la vez recuperaba para Chile su más importante patrimonio minero. La minería del cobre generaba más del 80% de los ingresos de divisas del país con una productividad enorme. Aproximadamente 18 mil trabajadores producían más de mil millones de dólares. La expropiación, sin indemnización, de este mineral constituía una medida revolucionaria que castigaba a quienes habían obtenido utilidades abusivas, explotando la elevada productividad de dicho sector de la economía y aprovechando las alternativas naturales o manipuladas del precio internacional del cobre.
 
 
Esta demanda nacional estaba vinculada al movimiento obrero chileno, que precisamente tuvo su origen principal en las zonas mineras del norte del país. Los partidos populares, de orientación marxista, plantearon tempranamente la nacionalización de estas riquezas naturales. Así lo recordó el presidente Allende en el discurso pronunciado en Rancagua el 11 de julio de 1971 para informar sobre la nacionalización. Entonces expresó que “la batalla del cobre dada por los partidos populares ha sido muy larga y permanente”, recordando que los primeros proyectos de nacionalización del cobre fueron presentados por los socialistas y comunistas. Afirmó entonces Allende: “Esta batalla ha sido larga, pero hay que destacar que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día... la inmensa mayoría de los chilenos esté junto a Chile y su futuro... al aprobar la idea modificatoria de la Constitución para que nosotros podamos nacionalizar el cobre, (el país) ha escuchado el clamor, la potencia y la fuerza con que el pueblo ha luchado y luchará por recuperar la riqueza de Chile, en manos del capital foráneo”. Allende se convirtió así en ejecutor de esta voluntad nacional.
 
 
La campaña de Allende para convencer al país de la necesidad de la nacionalización completa del cobre fue larga y convincente. Las cifras en que se evidenciaba la explotación imperialista de esta riqueza básica eran abrumadoras. Con inversiones iniciales de 50 a 80 millones de dólares, entre 1930 y 1970, las empresas obtuvieron utilidades de 1.566 millones de dólares, y los valores no retornados alcanzaron a 2.663 millones de dólares. En el mismo período, las inversiones netas ascendieron a 647 millones de dólares pero en el momento de la nacionalización, debían una suma superior al gobierno de Chile, sin contar otros compromisos con el comercio nacional e internacional.
 

 

REFORMA  CONSTITUCIONAL

 

Para esta nacionalización, el gobierno de Allende eligió el mecanismo de la reforma constitucional, por ser el único procedimiento que permitía deshacer la maraña jurídico-económica derivada de la teoría colonialista de los contratos-leyes, que obligaban al Estado chileno respecto a las compañías norteamericanas. Así se liquidaba también la llamada “chilenización” o nacionalización pactada, aprobada en el gobierno anterior. Esta reforma constitucional también permitía fijar el valor libro como precio de las inversiones de las empresas, establecer plazos para pagar las eventuales indemnizaciones y deducir de éstas las utilidades excesivas.
 
 
En el mensaje del Poder Ejecutivo de diciembre de 1970, por el cual se presentó el proyecto de reforma constitucional que modificaba el artículo 10 Nº 10 de la carta fundamental, se explica con precisión la elección de este procedimiento, al afirmar que “...la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización, exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder Constituyente, quien expresa su voluntad”. 
La nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y de la Compañía Minera Andina fue aprobada por la ley Nº 17.450 del 16 de julio de 1971.
 
 
Esta ley, basándose en la disposición décimo séptima transitoria, letra b, de la Constitución, sancionó la facultad privativa del presidente de la República para ordenar que el contralor general de la República, al calcular la indemnización que debería pagarse a las empresas nacionalizadas “deduzca el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la vigencia de la ley Nº 11.828, o sea, a partir del 5 de mayo de 1955”. De acuerdo con esta facultad constitucional, el presidente Allende dictó el decreto supremo Nº 92, de 28 de julio de 1971, por el cual se estableció el procedimiento para determinar las indemnizaciones en favor de las mencionadas empresas, “previa deducción de lo que corresponda, por concepto de rentabilidades excesivas”, las que a su vez se desprenderían de los resultados económicos de las empresas, reflejados en sus balances.
 
 

LA TEORIA ALLENDE SOBRE RENTABILIDADES EXCESIVAS

 

Las empresas Anaconda y Kennecott operaron en Chile hasta 1971 y constituían sociedades que habían actuado transnacionalmente, con inversiones en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Si se comparan las rentabilidades de las empresas que operaron en nuestro país -calculadas como la relación entre las utilidades netas anuales y el valor de libro de ellas- con la rentabilidad de la matriz en el conjunto de sus operaciones internacionales, las obtenidas en Chile son mucho mayores. Este fenómeno se produce incluso cuando la comparación se hace con los resultados alcanzados por la respectiva sociedad en el conjunto de sus operaciones incluidas sus filiales chilenas.
En la decisión del gobierno popular se consideran, en definitiva, las rentabilidades obtenidas por Anaconda y Kennecott respecto de sus valores de libro en el conjunto de sus operaciones internacionales, la rentabilidad de otras empresas norteamericanas en Estados Unidos y Canadá, los casos límite de rentabilidad de libre disposición que el Estado chileno ha fijado para inversionistas extranjeros y otros casos de rentabilidad de inversiones en los países desarrollados y subdesarrollados.
 
 
De acuerdo a los antecedentes anteriores, el presidente Allende determinó que la rentabilidad anual para las empresas nacionalizadas y sus antecesoras debía fijarse en el 10% de los respectivos valores de libro. Dispuso, por consiguiente, que el contralor general, al calcular la indemnización que correspondería pagar a las empresas de la gran minería del cobre por la nacionalización, debía deducir las siguientes cantidades por concepto de rentabilidades excesivas devengadas a partir del 5 de mayo de 1955 y hasta el 31 de diciembre de 1970: 
 
 
1. Para la compañía de cobre Chuquicamata S.A., la cantidad de 300 millones de dólares.
2. Para la compañía de cobre Salvador S.A., la cantidad de 64 millones de dólares. 
3. Para la Sociedad Minera El Teniente S.A., la cantidad de 410 millones de dólares.
 
 
Este proceso de nacionalización culminó con la resolución Nº 529 de 11 de octubre de 1971 de la Contraloría General de la República, que fijó los montos de la indemnización que debía pagarse a las compañías mineras. El resultado fue altamente satisfactorio para Chile. La compañía Chuquicamata S.A. tenía un capital, según valor de libro al 31 de diciembre de 1970, de 241 millones de dólares. Se le dedujeron los 300 millones por rentabilidades excesivas quedando con un saldo negativo de -76.5 millones de dólares. La compañía El Salvador S.A. tenía un capital según valor de libro a la fecha indicada de 68.3 millones de dólares. Se le descontaron 69.9 millones por el concepto ya señalado arrojando también un saldo negativo de -1.6 millones. La compañía El Teniente S.A. tenía un capital según valor de libro a la fecha mencionada de 318.8 millones de dólares, al que se le restaron 410 millones, quedando con un saldo negativo de -91.2 millones.
 
 

EXPROPIACION  SIN INDEMNIZACION

 

De acuerdo con lo anterior, las grandes empresas norteamericanas explotadoras del cobre chileno fueron expropiadas sin indemnización por el gobierno popular, toda vez que las deducciones por concepto de rentabilidad excesiva sobrepasaron los límites de las indemnizaciones correspondientes, según los criterios fijados por la reforma constitucional. En esta forma, se puso término en Chile a tres decenios de explotación imperialista. Era tan grande la fuerza moral de este acto de reparación nacional que, anonadada por ella, la institucionalidad burguesa, que más tarde derrocaría al gobierno de Allende, guardó silencio. Sólo recibieron indemnización la compañía Exótica S.A., que tenía un capital, según valor de libro de 14.8 millones de dólares y se le descontaron 4.8 millones, correspondiéndole una indemnización de 10 millones, y la compañía Andina S.A., a la cual se pagaron 18.2 millones por igual concepto.
 
 
El gobierno popular debió enfrentar una campaña internacional emprendida por las empresas imperialistas que denunciaban haber sido objeto de despojo. Para eso, señalaron que el presidente de la República calculó los montos de rentabilidad excesiva sobre la base aproximada del 12% anual, en vez del 10% mencionado en el decreto supremo Nº 92, porcentaje que era superior a la rentabilidad obtenida por ambas grandes compañías (Anaconda y Kennecott) en el conjunto de sus operaciones internacionales entre los años 1955 y 1970, así como era superior también a las tasas de rentabilidad obtenidas por inversiones norteamericanas en el sector minero en países avanzados del mundo, tales como Canadá o los de Europa occidental. También sostuvieron que las deducciones dispuestas por el presidente de la República correspondían a utilidades obtenidas por las empresas mixtas, en las que el Estado chileno tenía más del 50%, por lo que aquellas afectaban también al socio chileno, la Corporación del Cobre: se aludía a las empresas “chilenizadas” por el gobierno del presidente Frei Montalva.
 
 
La decisión soberana de Chile se basó en las disposiciones jurídicas internas como también en la resolución Nº 1803 (XVII) de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas básicas. El derecho de Chile era indiscutible a tal punto que el propio Kissinger lo reafirmó en sus Memorias: “Nuestra preocupación por Allende estaba basada en la seguridad nacional. No en la economía”. Para agregar en seguida: “La nacionalización de las propiedades de los norteamericanos no fue el problema. Nunca objetamos el principio de la ley internacional que permite la nacionalización por razones de interés público”.(3) 
 
 
En verdad, la causa por la cual el gobierno de Estados Unidos desestabilizó e intervino en el derrocamiento del presidente Allende no fue sólo la expropiación de las empresas de la gran minería del cobre, sino que se fundó en la convicción de que la “vía chilena al socialismo” constituía un peligro político para esa gran potencia.
 
 
Conjuntamente con la expropiación de las empresas de la gran minería del cobre el gobierno traspasó a la propiedad estatal el salitre y el hierro, hasta entonces en manos de empresas norteamericanas. Este proceso se llevó a cabo mediante negociación directa. Se agregó el carbón, que estaba en poder de capitalistas chilenos, con lo que se completó el proceso de nacionalización de las riquezas naturales, objetivo principal del programa básico de gobierno de la Unidad Popular. Con el proceso de integración de estos recursos naturales a la economía social, se daba término a una estrategia sostenida durante mucho tiempo, en el siglo XX, por el movimiento popular. Las más grandes y poderosas organizaciones obreras surgieron y se desarrollaron en la pampa minera del norte, primero en el salitre, y después, en el cobre, así como en la cuenca carbonífera del sur, en las provincias de Concepción y Arauco. Salvador Allende ofrecía así una profunda satisfacción a las demandas de los trabajadores, que también eran las aspiraciones sentidas por el conjunto de la nación, que siempre habían estado presentes en los programas del movimiento popular.
 
 
¿Cuánto ha significado para el patrimonio de Chile este legado del gobierno presidido por Allende? De 1971 a 2003, el país ha recibido a través de Codelco más de 10 mil millones de dólares y el valor estimado de esta empresa pública es de 30 mil millones de dólares. Este es el “sueldo de Chile”, del que habló Allende, por el cual los traidores a la patria pagaron, después del golpe de Estado, a las subsidiarias de la Anaconda y la Kennecott supuestas indemnizaciones. La cifra exacta nunca se dio a conocer, pero en su momento se habló de 1.300 millones de dólares de 1988, pagados al conjunto de empresas norteamericanas expropiadas incluyendo a la ITT, valor superior a lo que ellas habían exigido al gobierno de Allende. En el caso de las compañías de la gran minería del cobre no había razón alguna para indemnizar, porque la nacionalización se había hecho de acuerdo a una reforma constitucional tramitada legalmente por la Contraloría General de la República. Lo que se pagó no fue, pues, una indemnización, sino un aporte por la colaboración en el golpe de Estado.
 
 

SITUACION ACTUAL DEL COBRE

 

¿Qué ha pasado con el “sueldo de Chile”, legado del gobierno popular presidido por Allende? Los 10 mil millones de dólares aportados por Codelco al Estado se han destinado a gastos generales, primero de la dictadura, y después de los gobiernos de la Concertación. De este aporte, el 10% del valor de las exportaciones se ha invertido en la compra de armas para el “partido” que el pueblo arma contra sí mismo: durante todo el siglo XX, las armas se han usado sólo en favor de las clases dominantes y en contra de los trabajadores, sin ninguna guerra exterior.
 
 
Chile, por la nacionalización durante el gobierno popular de Salvador Allende recuperó el 100% de la producción de cobre, pero la dictadura de la derecha entregó gratuitamente a las empresas extranjeras el 65% de la actual producción, dejando en manos de Codelco sólo el 35%. En efecto, los usurpadores del poder legítimo entregaron la propiedad absoluta sobre nuestros recursos mineros por medio de la llamada “concesión plena”, haciendo prácticamente imposible una nueva nacionalización. Además, para atraer la inversión extranjera se ofreció un conjunto exagerado de regalías tributarias, hasta el punto de que las nuevas empresas extranjeras no han pagado hasta ahora impuestos, mediante el subterfugio de reflejar pérdidas en sus balances. El ejemplo más escandaloso es el de Disputada, que se privatizó en 1978 en 100 millones de dólares y 23 años después, se vendió en 1.300 millones de la misma moneda, sin haber pagado impuestos durante todos esos años. En este sentido la Cepal ha señalado que Chile, en el mundo, es el país que menos recibe por la explotación de sus yacimientos mineros.
 
 
El gobierno de Lagos oculta esta realidad, no dando a los chilenos la información precisa sobre la situación tributaria de la gran minería privada del cobre y, además, se resiste a considerar la aplicación de un royalty a la explotación minera. La explicación del presidente y de su ministro de Hacienda a esta oposición se basa en que dicha política no está contemplada en el programa de gobierno. No obstante, ellos saben que este tributo se aplica en todos los países del mundo donde hay gobiernos responsables y patrióticos, incluso en aquéllos de donde provienen las empresas inversionistas. Sólo en Chile prima la mentalidad colonial
 
 

BELARMINO ELGUETA B.

 

 

Notas:
1. Eduardo Novoa M., La batalla por el cobre, Ediciones Quimantú, Santiago, 1972, págs, 403 y 405.
2. Diario La Opinión, Buenos Aires, enero 15 de 1972.
3. Henry Kissinger, Mis memorias, Atlántida, Buenos Aires, 1979, pág. 466.

 


Fuente: Punto Final
Florilegio : www.allendevive.cl